¿Era necesario? Los 5 millones de una diputada oficialista y el salario de hambre de los estatales de Santa Cruz

Mientras los empleados públicos de Santa Cruz apenas superan el millón de pesos y los municipales de menor categoría cobran 400 mil, la diputada oficialista Fabiola Loreiro confesó que su salario ronda los 5 millones de pesos mensuales.

Lo hizo con un tono de transparencia. Pero el contexto –paritarias congeladas, desalojos y familias que “no tienen para comer”– convirtió sus números en un campo minado.

Los grises de la diputada:

Loreiro detalló gastos: alquiler de un millón en Río Gallegos, oficina y casa en Puerto Santa Cruz, combustible, impuestos. Y remató: “En mi casa, vivo con 500 mil pesos”.

Sin embargo, la cuenta no cierra. Si sus gastos declarados superan los 2,4 millones, ¿a dónde van los otros 2,6 millones? La diputada habló de “colaborar económicamente”, pero sin especificar. Ese es el primer gris: lo personal y lo político se mezclan, y la transparencia se vuelve opaca.

Otro gris: comparó su situación con la de una docente (hubiera ganado 3 millones).

La comparación, lejos de acercarla al dolor ajeno, remarca el privilegio.

¿Era necesario?

En un contexto donde “hay gente que no paga la luz ni el alquiler”, donde una hija de la propia diputada cobraba 570 mil y pagaba 310 mil de alquiler, la pregunta que sobrevuela es incómoda: ¿Era necesario que la legisladora saliera a justificar su salario con lujo de detalles?

Porque al mostrar sus gastos, expuso sin querer una brecha sideral: ella destina sólo en alquiler de Río Gallegos el doble del sueldo de un municipal de base. Y al decir “vivo con 500 mil”, insinúa que el resto de sus ingresos no cuentan como “vivir”, cuando para la mayoría de los santacruceños 500 mil es el techo, no el piso.

Conclusión breve

Loreiro entiende el reclamo, lo dice ella misma: “Los reclamos son lógicos porque hay gente que no tiene para comer”. Pero entender no alcanza. En medio de una crisis que ella misma describe como estremecedora (desalojos, hambre), el espectáculo de una diputada desglosando alquileres de un millón de pesos parece, como mínimo, fuera de lugar.

¿Era necesario? Para la transparencia, sí. Para la empatía política, tal vez no. Sobre todo cuando, después de la entrevista, el trabajador estatal sigue cobrando lo mismo y la diputada, sus 5 millones.