La muerte de un servidor público y la impunidad al volante

La madrugada del siniestro en la Ruta Provincial N° 12 no solo segó la vida del subcomisario Gabriel Trujillo, sino que puso en evidencia una vez más la persistencia de una conducta criminal que la sociedad argentina parece no poder erradicar: conducir bajo los efectos del alcohol.

El dolor que atraviesa Caleta Olivia y toda la provincia de Santa Cruz es el mismo que tantas otras comunidades han sufrido al despedir a víctimas inocentes, víctimas de una decisión egoísta e irresponsable.

Trujillo, un policía de 39 años que se dirigía a cumplir con su deber —un servicio adicional en Cañadón Seco, fue embestido por un automovilista que, según las primeras investigaciones, circulaba con alcoholemia positiva. No se trata de un accidente, como a veces se minimiza esta barbarie. Es un delito.

Un delito previsible, evitable y castigado por ley, que sigue ocurriendo porque aún existen quienes creen que unas copas no afectan su capacidad de manejar, o peor, que nunca les va a pasar.

La policía de Santa Cruz pierde a un subcomisario destacado por su vocación y cercanía con la comunidad. Caleta Olivia pierde a un hombre comprometido con lo público. Pero la sociedad entera pierde una oportunidad más de reflexionar seriamente sobre la tolerancia cero al alcohol al volante. ¿Cuántas muertes más serán necesarias para que los controles sean realmente efectivos? ¿Cuántos partes policiales con resultado de alcoholemia positiva deberán leerse antes de que los jueces apliquen penas ejemplares?

No alcanza con la conmoción ni con las cadenas de oración. La justicia debe investigar a fondo, determinar responsabilidades y aplicar todo el peso de la ley sobre el conductor responsable. Pero también los estados provincial y nacional deben garantizar controles sorpresa, permanentes y rigurosos en todas las rutas, no solo en los grandes centros urbanos. La educación vial debe comenzar en la escuela y reforzarse en cada campaña de concientización, porque está claro que el miedo a la multa o a la cárcel aún no es suficiente para muchos.

Hoy, la familia, los amigos y los compañeros de Gabriel Trujillo lo despiden con un dolor que ninguna editorial puede calmar. Pero su muerte no puede ser una estadística más. Que su ejemplo como servidor público inspire el único homenaje válido: el compromiso colectivo de no naturalizar la conducción irresponsable. Cada conductor que bebe y maneja es un potencial asesino. Y cada sociedad que lo tolera cómplice.

Basta de tragedias evitables. Basta de funerales de personas que solo intentaban cumplir con su trabajo o regresar a su casa. Que la sangre del subcomisario Trujillo no sea derramada en vano. Exigimos justicia, controles y memoria activa. Por él, y por todos los que ya no están.

EL CALETENSE